Con la declaratoria de la OMS del actual brote de enfermedad por COVID-19 como pandemia el pasado 11 de marzo de 2020 y las medidas que en respuesta adoptó el Gobierno Nacional de Colombia de Aislamiento Preventivo Obligatorio, aumentaron las preocupaciones de las organizaciones de mujeres que desde los territorios anunciaron el grave riesgo moral de exacerbación de las violencias que corrían las mujeres y las niñas confinadas en sus hogares junto a sus agresores, sin una respuesta clara de contención por parte de las entidades responsables.

Nuestras preocupaciones empezaron a representarse en las cifras que coincidían con esta situación. De acuerdo con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el sistema de atención de la línea nacional 155 pasó de atender, en una serie de diez días en el mes de marzo de 2019 y 2020, de 397 llamadas por violencia intrafamiliar el año anterior, a 710 llamadas este año, representando un incremento del 79% en llamadas por estos casos en todo el país. En ese periodo de confinamiento, la línea había atendido 1011 llamadas, pasando de un promedio de 53 a 101 diarias, es decir que el número de llamadas diarias aumentó en un 91%. Así, las atenciones registradas por la línea oficial 155 fueron consecuentes con los múltiples llamados de auxilio que la Organización Femenina Popular recibió en barrios, o a través de las coordinadoras de los sectores en Barrancabermeja y el Magdalena Medio.  

Ahora, el anuncio del aumento del riesgo feminicida de las mujeres y las niñas y las cifras que lo corroboraban, no fueron atendidos correspondientemente y, por el contrario, nos enfrentamos a un panorama desolador, de inoperancia casi generalizada de las rutas y servicios de protección –que hasta el momento tenían múltiples falencias y obstáculos–, representada en la inexistencia de canales de denuncia, atención en salud, refugio, servicios médicos y legales, y acceso a la justicia de manera ininterrumpida, con cobertura rural y urbana, capaz de operar eficientemente en la virtualidad y con personal especializado.

Cinco días después de la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental por el Gobierno Nacional, se adoptó el Decreto 460 de 2020 que obligó la prestación ininterrumpida de los servicios en las Comisarías de Familia, entidades que de por sí han presentado un déficit histórico en la capacidad de actuar con la debida diligencia frente a las violencias de género y que solas, como era de esperarse, han dado resultados insuficientes para brindar las garantías de protección, salud y justicia que corresponden.

Las mujeres, confinadas con sus agresores, han encontrado las maneras de ir personalmente a estas instituciones, que no tienen habilitados servicios virtuales eficaces para la adopción de medidas de protección, y nuevamente han sido sometidas a victimización secundaria, con situaciones de discriminación, de viacrucis interinstitucional y de ausencia de respuesta en números de teléfono en los que nadie responde. Hoy, la respuesta común es “la doctora se encuentra teletrabajando y no la puede atender”, lo que nos lleva a cuestionarnos si el problema radica en la capacidad informática o en los patrones de tolerancia a la violencia de género.

Tampoco existen medidas para la atención de la salud mental de las víctimas, especialmente frente a casos de urgencia psicológica, cuadros de ansiedad, depresión, estrés o urgencias físicas que requieren de profesionales de la salud. Adicionalmente, se ha interrumpido la prestación de los servicios de salud sexual y salud reproductiva, limitando incluso el acceso a los programas de planificación familiar.

Finalmente, nos declaramos en emergencia nacional, pues ahora, tres (3) meses después del inicio del aislamiento, lamentamos que el riesgo se ha materializado. Ya son 188 feminicidios ocurridos en el año 2020, 104 durante el confinamiento. La amenaza que advertimos y gritamos a viva voz se ha concretado en las vidas de las mujeres, 7 de ellas niñas en las que además existe evidencia de la confluencia de otras conductas atroces de tortura y violencia sexual.

Como consecuencia, hacemos un llamado urgente a la sociedad en general para que se cuestione y reflexione sobre su machismo. Estamos cansadas de denunciar, pero continuamos exigiendo canales de respuesta integrales, en tiempo real, con cobertura y enfoque diferencial en tiempos de la pandemia del COVID-19, fundamentales para la vida de niñas, adolescentes y mujeres en todo el país.
 

Organización Femenina Popular

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